El presidente de México dijo que su gobierno al fin había resuelto el misterio detrás de la perturbadora desaparición de 43 estudiantes, uno de los peores abusos de derechos humanos en la historia reciente del país.
En agosto, el gobierno dio a conocer el reporte de una comisión de la verdad que indicaba que, tras haber sido secuestrados en 2014, los estudiantes fueron asesinados por narcotraficantes que operaban en conjunto con la policía y el ejército. Se giraron órdenes de aprehensión.
Sin embargo, el caso se ha desbaratado desde entonces. Se desecharon órdenes de aprehensión giradas en contra de sospechosos militares clave. El fiscal principal renunció. Y ahora, la columna vertebral del nuevo y explosivo reporte del gobierno está en duda.
En una entrevista con The New York Times, el líder de la comisión de la verdad dijo que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real
“Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”, dijo el funcionario, Alejandro Encinas.
La extraordinaria admisión —junto con una revisión de documentos gubernamentales, una grabación inédita hasta el momento y entrevistas con personas involucradas en la indagatoria— indican cómo la prisa del gobierno por entregar respuestas resultó en una serie de tropiezos: una comisión de la verdad que confió en pruebas sin sustento y una investigación penal que privó a la fiscalía de sospechosos clave.
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