Mientras buena parte de la derecha tradicional buscó durante décadas conciliar libre mercado y valores conservadores bajo la fórmula del "fusionismo", una corriente intelectual cada vez más influyente rechaza esa síntesis y declara directamente el fracaso del proyecto liberal. Se le conoce como posliberalismo, y sostiene que la globalización, el individualismo y el gobierno de las élites tecnocráticas erosionaron a las comunidades, la familia y la cohesión social que dice querer defender frente al "pueblo".
El filósofo Patrick Deneen, autor de ¿Por qué ha fracasado el liberalismo? (2018), resume la tesis central del movimiento con una fórmula que se repite en sus círculos: el liberalismo fracasó precisamente porque triunfó, llevando sus propios principios —autonomía individual, mercados sin restricciones— hasta un punto de saturación que terminó por destruir las tradiciones y jerarquías que antes daban sentido a la vida comunitaria. Frente a ese diagnóstico, Deneen propone una política que priorice la cultura común y la preservación de tradiciones compartidas por encima de la maximización de derechos individuales.
Quien más ha traducido estas ideas al terreno jurídico es Adrian Vermeule, profesor de Derecho en Harvard, con su propuesta de "constitucionalismo del bien común". Vermeule plantea una tercera vía frente al originalismo conservador clásico y al progresismo constitucional: interpretar la ley a partir de una concepción moral objetiva anterior a la Ilustración, inspirada en el derecho natural clásico, en lugar de basarla únicamente en el texto o en la voluntad popular expresada en las urnas. Para Vermeule, ni la democracia ni las elecciones tienen un derecho especial a alcanzar el bien común, y las estructuras liberales que produzcan resultados contrarios a ese bien común deberían, sostiene, ser desmanteladas.
Una vertiente más radical del movimiento, el llamado integralismo católico, lleva la propuesta más lejos: plantea que el orden temporal debe subordinarse a la autoridad de la Iglesia y que solo los católicos podrían ejercer una ciudadanía plena. Think tanks alineados con esta corriente se han posicionado incluso en contra del actual pontífice, León XIV, a quien acusan de mantener posturas demasiado cercanas al liberalismo globalista que el integralismo busca superar.
Más allá del debate académico, estas ideas ya tienen traducción práctica. En estados como Florida y Texas, la cosmovisión posliberal ha influido en restricciones al acceso al voto, en límites a los planes de estudio que abordan raza y género en escuelas públicas, y en depuraciones de bibliotecas escolares. El movimiento también ha encontrado eco en figuras del entorno de Donald Trump y en intelectuales que ven en la agenda de "recuperar tradiciones nacionales y religiosas" una respuesta necesaria frente a lo que perciben como el colapso inminente del orden liberal de posguerra.
El debate en torno al posliberalismo está lejos de ser unánime, incluso dentro del propio campo conservador. Sus críticos —incluyendo juristas de tradición originalista— advierten que un derecho interpretado según una moral "objetiva" definida por unos pocos jueces o intelectuales abre la puerta a un autoritarismo que prescinde del pluralismo básico de las democracias modernas. Sus defensores, en cambio, insisten en que la alternativa —seguir defendiendo un liberalismo que consideran agotado y atomizante— es lo que realmente pone en riesgo la cohesión social a largo plazo.
Fuentes: Revista de Derecho Político (UNED), Religión Digital, Brunner.cl, Revista Suroeste, Gestión.pe.
