Con la finalidad de proteger la mafia de criminalidad y corrupción que han construido, el PRI y el PAN en la Ciudad de México se aliaron para evitar la ratificación de la Fiscal Ernestina Godoy, pues las investigaciones sobre trata de mujeres con fines de Explotación Sexual y corrupción inmobiliaria comenzaron a evidenciar acuerdos entre figuras y liderazgos de estos partidos.
Para estos dos grupos criminales, el Cartel Inmobiliario y la Red de Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual, resultaba urgente desplazar quien estaba profundizando en estas investigaciones, pues estaba encontrando elementos jurídicos sólidos para ejecutar detenciones que dejarían en evidencia la relación criminal entre líderes políticos de estos institutos.
La fiscal investigaba esta relación criminal no a causa de una razón político-partidista, como han acusado diputados del PRI y del PAN, sino por la vinculación económica que aparece entre las propiedades gestionadas por el Cartel Inmobiliario y los Centros de Entretenimiento vinculados con trata con fines de explotación sexual. La plusvalía de departamentos ha aumentado en los polígonos donde funcionan tables dances y bares con “hostess”.
Además, la “ruta del dinero”, primordial en este tipo de investigaciones considera la hipótesis de que mucho del dinero ilegal emanado de la trata de personas podría “blanquearse” a través de las inversiones inmobiliarias, el negocio de los panistas en la Ciudad de México.
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