Hugo Aguilar Ortiz y una trayectoria construida desde el servicio público

 

En el actual proceso de selección de quienes integrarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el nombre de Hugo Aguilar Ortiz aparece con el número 34 en la boleta. Su candidatura representa una propuesta que combina experiencia institucional, cercanía con las comunidades y compromiso con los derechos colectivos.

Originario de Tlaxiaco, Oaxaca, y con formación jurídica en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Aguilar ha forjado una carrera centrada en la defensa legal de los pueblos indígenas. Desde la década de los noventa, ha trabajado como asesor legal en conflictos agrarios, impulsando criterios jurídicos que dieron lugar a resoluciones en tribunales locales y federales.

En años recientes, su gestión como Coordinador General de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) lo posicionó al frente de consultas previas en proyectos de gran escala como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En estos procesos, su enfoque ha priorizado el respeto a la autodeterminación y la participación activa de las comunidades involucradas.

Aguilar también se ha desempeñado como Subsecretario de Derechos Indígenas en el Gobierno de Oaxaca, y como Director de Sistemas Normativos Indígenas en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del mismo estado. Ambos cargos le permitieron trabajar directamente con municipios regidos por usos y costumbres, contribuyendo a su reconocimiento institucional y fortalecimiento democrático.

A nivel internacional, ha sido invitado como ponente en foros organizados por la ONU y otras instancias de derechos humanos, donde ha abordado temas como justicia comunitaria, autonomía y pluralismo legal. Además, sus reflexiones han sido recogidas en publicaciones académicas y medios especializados.

La presencia de Hugo Aguilar Ortiz en la boleta, en la posición número 34, marca la participación de un perfil con experiencia jurídica, enfoque social y conocimiento del país profundo. Su eventual integración a la Suprema Corte será decisión de los órganos correspondientes, y deberá valorarse con base en trayectoria, capacidad técnica y visión institucional.