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Cuando Etiopía inauguró formalmente la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD) el 9 de septiembre de 2025, el primer ministro Abiy Ahmed la presentó como un triunfo para todo el continente africano. Las cifras explican la euforia: la obra sobre el Nilo Azul tiene una capacidad instalada cercana a los 5.150 megavatios y un embalse de unos 74.000 millones de metros cúbicos, lo que la convierte en la mayor central hidroeléctrica de África. Costó alrededor de 5.000 millones de dólares, financiados en buena parte con bonos y aportaciones de la propia población, en un país de unos 130 millones de habitantes donde cerca del 45 % no tiene acceso a la electricidad.
Río abajo, la lectura es la opuesta. Egipto obtiene del Nilo alrededor del 97 % del agua que consume, sobre todo para la agricultura, y considera la presa una amenaza existencial. El Cairo se apoya en tratados de la época colonial y en el acuerdo de 1959 con Sudán, que repartió el caudal entre ambos países sin contar con Etiopía, de donde proviene la mayor parte del agua del Nilo. Addis Abeba responde que esos pactos nunca la obligaron y defiende el principio de uso "equitativo y razonable", el mismo que recoge el Acuerdo Marco de Cooperación de la Cuenca del Nilo, que ya entró en vigor entre los países río arriba sin la firma egipcia.
El conflicto muestra que una presa no es solo infraestructura: es poder. Tras la inauguración, en octubre de 2025, ambos gobiernos se acusaron mutuamente por las inundaciones que afectaron a tierras de cultivo en Sudán y en el delta egipcio. El Ministerio de Recursos Hídricos de Egipto sostuvo que las descargas repentinas de la presa provocaron una "inundación artificial", con salidas de agua que habrían pasado de 485 a 780 millones de metros cúbicos diarios en septiembre. Etiopía rechazó la acusación y argumentó lo contrario: que sin la GERD las lluvias intensas en sus tierras altas habrían causado una catástrofe mayor río abajo. Algunos especialistas egipcios coincidieron en que la presa amortiguó la crecida. El fondo del problema sigue siendo el mismo desde la Declaración de Principios de 2015: no existe un acuerdo vinculante sobre cómo llenar y operar el embalse en años secos o lluviosos.
El Nilo no es un caso aislado. Los estudiosos de la "hidrohegemonía" describen un patrón repetido: el país río arriba tiene la ventaja física de controlar el caudal, mientras que el país río abajo suele tener la ventaja histórica, militar o diplomática. Ocurre en el Mekong, donde las presas chinas alteran el pulso de agua del que dependen la pesca y el arroz de Camboya y Vietnam; en el Tigris y el Éufrates, donde los embalses turcos reducen el caudal que llega a Siria e Irak; y en el Indo, cuyo tratado de 1960 entre India y Pakistán, considerado durante décadas un ejemplo de cooperación, fue suspendido por Nueva Delhi en 2025 tras un atentado en Cachemira.
Hay dos lecturas posibles de esta tendencia. La alarmista habla de "guerras del agua" inminentes, una idea muy repetida pero con poco respaldo histórico: los conflictos armados abiertos por ríos compartidos han sido raros, y la cooperación, aunque tensa, es la norma. La lectura más matizada advierte otro riesgo. El cambio climático hace los caudales más impredecibles, y los acuerdos diseñados para ríos estables no prevén sequías prolongadas ni crecidas extremas. Sin mecanismos de datos compartidos y reglas de operación pactadas, cada temporada anómala puede convertirse en una crisis diplomática.
La GERD ya está terminada y no va a desaparecer. La pregunta para el Nilo, y para otras cuencas, ya no es si se construyen presas, sino quién decide cómo se usan. En esa diferencia entre infraestructura y gobernanza se juega buena parte de la estabilidad regional de las próximas décadas.
**Fuentes:** AFP / La Nación; BBC News Mundo; Al-Monitor; Africanews; Sudan Tribune; The New Arab; Egypt Today; Ministerio de Agua y Energía de Etiopía; Consejo de Seguridad de la ONU (documento S/2025/573); Prensa Latina; Europa Press.
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