Cuando se habla de la rivalidad tecnológica entre potencias suelen aparecer los chips, los satélites o la inteligencia artificial. Pero buena parte del tráfico digital del planeta viaja por cables de fibra óptica tendidos en el fondo del mar. Las estimaciones consultadas van desde más de 95 % hasta cerca de 99 % del tráfico internacional de datos, según la fuente y la metodología. Con esa proporción, los cables dejaron de ser un asunto de ingenieros para convertirse en una pieza de seguridad nacional.
El giro regulatorio más claro llegó desde Estados Unidos. El 25 de junio de 2026, la Comisión Federal de Comunicaciones votó exigir por primera vez licencias a los operadores del equipo terminal que conecta los cables con las redes terrestres del país, y prohibir equipos de China o de cualquier otro Estado considerado adversario, según reportó Geographical. En paralelo, hay presión diplomática para que fabricantes chinos como HMN Tech no ganen licitaciones en el Pacífico, y Google y Meta impulsan rutas que rodeen a China. La lógica se parece a la del desacople en semiconductores y redes 5G: aliados y rivales terminarían conectados por cables distintos.
América Latina ofrece un caso concreto. En 2026 Chile discutió un proyecto de cable entre Valparaíso y Hong Kong impulsado por empresas chinas, que a marzo seguía sin aprobación formal, mientras avanzaba el cable Humboldt, respaldado por Google y el Estado chileno, que conectaría con Oceanía. El análisis publicado por Entrepreneur en Español concluye que el riesgo central no es solo quién construye, sino si el país tiene presupuesto y capacidad institucional para operar y proteger esa infraestructura durante décadas.
La otra cara del problema es la fragilidad física. Un corte de cables en el Mar Rojo en 2026 afectó rutas como AAE-1, Seacom y EIG, de acuerdo con Fayerwayer, y reavivó la duda entre sabotaje y accidente; la información pública no permite zanjarla. Lo que sí es consistente entre las fuentes es el cuello de botella: reparar exige barcos cableros especializados y, en zonas de tensión geopolítica, la reparación puede tardar semanas o meses. Además, los puntos vulnerables no están solo en alta mar, sino también en las estaciones de amarre en tierra, como advirtió el codirector de Derechos Digitales, Juan Carlos Lara.
También cambió quién manda en esa infraestructura. Geographical subraya que las redes se enrutan, poseen y moldean cada vez más por un puñado de empresas privadas que responden sobre todo a sí mismas. El control, explica, no depende de quién es dueño del lecho marino, sino de quién decide qué cables pueden aterrizar, qué compañías pueden operarlos y qué equipo extranjero se considera demasiado riesgoso. Es poder regulatorio más que poder territorial.
Conviene matizar. Los expertos consultados por Emol coinciden en que un bloqueo puede aislar a un país entero, lo que justifica la preocupación por la seguridad. Pero la misma lógica de vetos cruzados puede fragmentar internet, encarecer las rutas y servir como argumento comercial para desplazar competidores. Quienes defienden las restricciones hablan de proteger infraestructura crítica; quienes las cuestionan advierten sobre proteccionismo con lenguaje de seguridad. La discusión, en todo caso, ya no es técnica: es sobre quién controla las carreteras por donde fluye la información.
**Fuentes:** Geographical; Entrepreneur en Español; Emol; Fayerwayer; Portal Innova (Grupo Prensa Digital); Gizmodo en Español; Portal Radar (Futurecom 2026).
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